Una funcionaria del extinto Incora está siendo juzgada en Medellín por colaborar desde el interior de la entidad al Clan Castaño en su estrategia de apropiación de tierras de la reforma agraria.

Ella aceptó que le ayudó al Fondo Ganadero de Córdoba a estudiar las tierras de las que se podrían apropiar y que por su asesoría recibió 9 millones de pesos.