Entre 1985 y 2018 han llegado a Soacha, Cundinamarca, 55.538 desplazados, de los cuales han sido declarados oficialmente 51.265, según el Centro Nacional para la Atención a Víctimas. El mayor registro fue en 2017 con 5672 víctimas de desplazamiento forzado, es decir, 15 diarios.

En lo que ha corrido de 2018 han llegado 32 personas, de las que se declararon oficialmente 24.

“Tenemos una tendencia a la baja más o menos desde mediados de 2015 a la fecha, donde nosotros podemos estar hablando de 10 familias semanalmente, antes era nuestro promedio diario”, explicó Sonia Alexandra Vargas, coordinadora del Centro Regional de Víctimas.

Algunos grupos familiares lograron obtener vivienda propia.

“Se hizo entrega de 975 viviendas, las cuales corresponden a dos conjuntos residenciales”, añadió Vargas.

Sin embargo, la gran mayoría de desplazados se ubican en la zona de periférica y rural.

“Eso implica una amenaza constante para la vida y la integridad de las personas que llegan a esos puntos”, aseguró Julio Quintero, defensor del Pueblo Regional de Cundinamarca.

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El panorama es desconsolador teniendo en cuenta que las viviendas son improvisadas y no tienen baños adecuados y vías de acceso. Estas familias viven en la pobreza absoluta y sobretodo en un alto riesgo.

“Son personas que no cuentan con una red de servicios públicos adecuados y son zonas que no tienen un manejo adecuado de sus desechos humanos. Esos desechos caen a la casa del vecino y al parque donde juegan los niños”, afirmó Quintero.

Sumado a lo anterior está el riesgo que generan las organizaciones criminales y el control, que quieren ejercer sobre una parte de esa población.

“Se han presentado varias situaciones de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo se han generado unas estrategias”, dijo Vargas.

Mientras que Julio Quintero, defensor del Pueblo Regional de Cundinamarca, indicó que consideran que pueden existir grupos armados posdesmovilización, que ejercen control territorial, pero que no constituyen para el Estado un problema de seguridad ciudadana.

Los habitantes del municipio exigen la presencia del Gobierno y más recursos para la población, que tiene un incremento de ciudadanos venezolanos.

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