Un llamado de atención hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a las entidades del Estado encargadas de brindar protección a los funcionarios públicos del país.

Indicó el alto tribunal que “uno de los deberes a cargo del Estado es la protección de sus asociados” por lo que “las autoridades tienen la misión de adoptar las medidas positivas necesarias para brindarles las condiciones de seguridad adecuadas que permitan eliminar los riesgos extraordinarios contra la vida e integridad personal”.

Este pronunciamiento lo hizo la corporación judicial  al fallar una tutela a favor de la fiscal 21 especializada de la Unidad de Administración de Justicia, quien fue trasladada al Departamento de Córdoba. La funcionaria se opuso a dicho traslado al considerar que en esa región “no cuenta con medidas de protección especiales”, dado a la investigación que adelanta por el homicidio del ganadero Fernando César Cepeda Vargas, hechos por los cuales fue investigada la exrectora la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, y “cuyo conocimiento ha desencadenado problemas de seguridad para su vida e integridad personal”.

Argumentó que en su momento contaba con protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, esta le fue retirada por lo que solicitó que se le otorgara de nuevo al explicar que “si bien se solicitó la preclusión en favor de Silvia Beatriz Gette Ponce y Maria Paulina Ceballos Pardo” la investigación continúa su curso respecto de los demás involucrados.

“No se tuvo en cuenta la importancia del asesinato de Nerly Gutiérrez principal testigo del proceso adelantado contra Martha Lucía Pinilla Díaz, otra investigadora principal del proceso, quien fue detenida por delitos contra la administración de justicia, presuntamente por haber estado involucrada en el pago de sobornos en el proceso mencionado”, agregó.

Para la Corte tales argumentos expuestos por la funcionaria de la Fiscalía son suficientes para determinar que “existe riesgo de vulneración del derecho a la vida de la accionante, siendo necesario adoptar medidas urgentes para superar la inminencia del perjuicio” pues la investigación por el caso del ganadero Fernando César Cepeda Vargas aún continúa y porque ella es testigo en la investigación que se adelanta contra la exfuncionaria del CTI, Martha Lucía Pinilla Díaz. 

Por esa razón se ordenó a la Unidad Nacional De Protección De La Fiscalía General De La Nación que “restablezca a la accionante en el Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes de Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (…) mientras realiza un nuevo estudio en el cual determine si es procedente continuar o no con el esquema de seguridad inicialmente concedido”.

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“Los funcionarios públicos, en razón de la labor que desempeñan, enfrentan un riesgo mayor que el que asiste a la comunidad en general, pero ostentar esa condición, no significa que quepa exigirles a todos los servidores públicos la exposición de su vida y su integridad personal, al punto de demostrar una conducta heroica”, afirmó la Corte.