Con una tutela radicada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Martín Morales Diz pretende revocar la condena de 25 años de prisión proferida en su contra por nexos con grupos paramilitares y narcotráfico.

En la acción judicial de más de cien páginas, el excongresista hace una serie de peticiones al alto tribunal al considerar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le vulneró los derechos a la debida defensa, al debido proceso y a la doble instancia, en un acto de presunta discriminación racial por parte de la Corte.

En el documento el excongresista adjuntó una carta en la cual expresa cómo «fue el momento que vivió» cuando fue notificado de la condena impuesta en su contra, afirmando que «su cuerpo parecía desintegrarse en la angustia» dado a que al «avanzar en la lectura de cada frase, oración, página y párrafo, era una paso hacia delante del macabro cortejo fúnebre que me acercaba al hueco del cementerio».

Añadió que al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, sí se le «respeto el debido proceso» y a él no, asegurando que «su origen solo dio para el sacrificio de negro».

«La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia necesitaba un muerto y dentro del casting de la magistratura yo era el perfecto candidato, era el negro», agrega la misiva.

En el extenso documento, Martín Morales Diz usa el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos (investigado por presunta parapolítica) como argumento de la presunta violación del debido proceso y de la discriminación que se habría cometido en su contra.

Afirma que tanto él como Ramos son aforados, ambos fueron investigados por la Corte, en ambos casos los respectivos magistrados presentaron ponencia el 19 de abril del presente año, pero solo uno de los expedientes fue remitido a la nueva Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el de Ramos.

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Bajo esa perspectiva afirma Martín Morales Diz que no entiende porqué el expediente de Luis Alfredo Ramos si está en la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia y en cambio a él si se le condenó a 25 años de prisión.

Razón por la cual solicitó que se le permita acceder a la segunda instancia al señalar que «el Acto Legislativo 01 de 2018 (…) tiene plena vigencia y debe garantizarse entonces el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria a los aforados constitucionales».