El pronunciamiento del jefe único del Partido Liberal, lo hace luego de un detallado análisis del Plan Nacional de Desarrollo realizado por las bancadas de Senado y Cámara de Representantes y en el cual expresan sus preocupaciones, sobre todo, por la falta de recursos para la consolidación de la Paz:

“El proyecto presentado por el Gobierno omite incluir un capítulo especial y expreso en el que se garanticen los recursos presupuestales para darle continuidad a la implementación del acuerdo de paz”.

 

Este es el documento completo: 

 

#LosPecadosDelPlan: @PartidoLiberal

El director del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria y las bancadas de Senado y Cámara en el Congreso de la República, tras una revisión detallada del proyecto de plan de desarrollo, han fijado las directrices de lo que será la postura del Partido durante el debate.

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• El proyecto presentado por el gobierno omite incluir un capítulo especial y expreso en el que se garanticen los recursos presupuestales para darle continuidad a la implementación del acuerdo de paz.

El Partido Liberal se compromete a hacer cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo de paz, así el gobierno proponga dejarlo a la discreción de los gobernadores y en una tercera parte a recursos no públicos, muchos de ellos dependen de recursos privados e inversión extranjera.

Pediremos que se haga expreso el cumplimiento tanto de los planes de desarrollo territorial, denominados PDETS, en las zonas más afectadas por el conflicto, como los contratos plan de paz ya suscritos con las entidades territoriales que se deben cumplir.

La ejecución de ninguno de éstos instrumentos queda garantizada en los términos presentados por el gobierno.

• El proyecto es un proyecto centralista que pone en riesgo recursos que les corresponden a las entidades territoriales. Concentra poder en el Ministerio de Hacienda y afecta las finanzas de las entidades territoriales especialmente de los departamentos.

Nos opondremos a todo lo que signifique recortes a la descentralización y en particular nos opondremos al rompimiento que propone el plan de desarrollo con la concepción y los proyectos que se están adelantando en materia de desarrollo territorial.

El proyecto del plan cuestiona las bases del plan vigente que tiene como objetivo, que coincide profundamente con los principios liberales, que son el de cerrar las brechas territoriales, el del combate a las desigualdades.

El plan dice expresamente que esa concepción, la que nosotros consideramos que es ajustada a los principios liberales, es equivocada y por lo tanto propone una concepción distinta que a nuestro juicio sólo conducirá, dada la discrecionalidad, a un aumentar las brechas sociales en los territorios.

El Partido Liberal impulsó y acompañó en el pasado una serie de programas y proyectos dirigidos a eliminar las enormes desigualdades que existen hoy entre los entre la calidad de vida que se ofrece a los habitantes de los distintos territorios y no vamos a permitir que se abandonen.

Al contrario, insistiremos en que se adopten medidas diferenciadas, e incentivos que faciliten el desarrollo económico y la localización de empresas en zonas tradicionalmente marginadas o afectadas por el conflicto.
Además, contra la opinión de todos los exjefes de Planeación y de varios ministros de Hacienda, se ha planteado despojar a Planeación Nacional de todas sus funciones técnicas que han sido muy útiles para tener un presupuesto de inversión bien diseñando.

Tememos que el traslado a Hacienda, además de dudosa suerte constitucional, va a volver a esta entidad una pequeña dependencia técnica.

La Iniciativa del gasto restringida al gobierno constituye un instrumento de cierta restricción de nuestra democracia que logra mejorar el plan público de inversiones. Y fue introducida al por el expresidente Carlos Lleras en 1968. Al examinar la Constituyente en 91 después de un amplio debate se decidió conservarla porque es algo que ha funcionado y no vale la pena dar marcha atrás. Ahora se ha planteado que dicho presupuesto salga del DNP y vaya al Ministerio de Hacienda. Rechazamos la propuesta gubernamental por altamente inconveniente y porque despoja a Planeación nacional de todas sus funciones técnicas que han sido muy útiles para tener un presupuesto de inversión bien diseñando y equilibrado por regiones y por sectores.

Como lo han dicho los exjefes de Planeación nacional y varios exministros de Hacienda: El papel que ha tenido el DNP, como brazo técnico de la Presidencia de la República, en la priorización y calidad de los proyectos de inversión, es esencial para la apropiada ejecución del Plan de Desarrollo y evaluación de sus resultados. Sirve, además, para asegurar la coordinación intersectorial y la asignación interregional de la inversión, tareas que son igualmente esenciales para el Plan y, por lo tanto, actividades complementarias del Departamento.

Esta tarea no ha impedido que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público esté a cargo de la presentación del presupuesto al Congreso y el seguimiento financiero de su ejecución, garantizando, por lo tanto, un proceso coherente y una “unificación” que, en cierto sentido, ya existe. La magnitud del presupuesto de inversión siempre es acordada entre el Ministerio y el DNP que después la asigna esta última institución de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan o por el CONPES, y en estrecha relación con los Ministerios respectivos. Esta tarea nutre y a su vez emplea en bien del país las capacidades sectoriales sustantivas con que cuenta el DNP y que, por lo demás, no existen en el Ministerio de Hacienda”.

La radical centralización que se propone el Plan del Gobierno Iván Duque debilita significativamente lo que han ganado las regiones en materia de asignación de regalías de manera técnica a través de los Contratos plan y de los OCADS y otros mecanismos.

La radical centralización que se propone debilita significativamente lo que han ganado las regiones en materia de asignación de regalías de manera técnica a través de los Contratos plan y de los OCADS y otros mecanismos.

• Para el Partido Liberal es inaceptable que el plan de desarrollo pretenda limitar la inversión en el campo a sólo el 2% del presupuesto total que se pretende asignar.

El proyecto de plan es un proyecto que hemos calificado de tacaño con el agro y eso desconoce una enorme realidad social que es que las mayores condiciones de pobreza de nuestro país se encuentran en el sector rural y que los problemas del campo han sido, de buena manera, las causas que han generado conflictos que se resuelven en forma violenta.

Esta postura del proyecto de plan en el que prácticamente no considera al agro como un eje central de nuestro desarrollo será rechazada por los miembros de la bancada Liberal en el Congreso de la República y propondremos que, en cambio, se promuevan los proyectos y programas necesarios para implementar el ambicioso programa de desarrollo rural integral que se encuentra en el punto uno del acuerdo que permitió la desmovilización de las Farc y que además se adopten medidas verdaderamente eficaces que promuevan y consigan el desarrollo agroindustrial de zonas como la Orinoquía dónde tienen que confluir grandes empresas, los campesinos y los pequeños propietarios.

La Orinoquia constituye el mayor potencial de desarrollo del país ya que tiene características que la convierten, según la FAO, una de la siete áreas del mundo donde hay tierras aptas para la producción agrícola para generar proteínas esenciales para el futuro.

Reconocemos la decisión expresada por el presidente Iván Duque en el sentido de pedir que se retiren del proyecto dos de las decisiones que más afectarían los intereses de la clase media colombiana como: la eliminación de los subsidios en las tarifas de la energía y el aumento de la base de cotización de los trabajadores por cuenta propia.

Los miembros de la bancada del Partido Liberal ya habían expresado su rechazo a éstas dos propuestas y anunciado su voto negativo en el Congreso.

Reconocemos y aplaudimos la decisión del Presidente de retirarlas del proyecto, sin embargo, en el proyecto se mantienen una serie de decisiones que básicamente están dirigidas a modificar la forma de asignación de los de subsidios que pueden terminar afectando poblaciones que necesitan esos apoyos estatales.

El Partido Liberal buscará que se acojan en el Plan de Desarrollo los principios fundamentales del proyecto de ley de subsidios que se presentó en el gobierno anterior y que fueron el resultado de un juicioso trabajo hecho en el Departamento Nacional de Planeación.

La decisión de extender las concesiones de servicios públicos a 80 años significaría una gran donación del Estado a entidades privadas que solo debilitaría el cumplimiento de la función pública.

• Adicionalmente rechazaremos las propuestas que, a nuestro juicio, se consignan en el plan de desarrollo y que ponen en riesgo la protección adecuada del medio ambiente, por ejemplo, las incluidas en los artículos 7º y 8º del proyecto presentado al congreso que representan un riesgo para el ecosistema al permitir la adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y regularizar las explotaciones en zonas de especial importancia ecológica. Varios artículos – del 18 al 24 – propuestos también legalizarían la explotación minera en zonas de protección ambiental o permitirían la continuidad de esa actividad sin estudio ambiental previo, todas ellas recibirán el rechazo del liberalismo en su paso por el Congreso.

• En el proyecto de articulado se incluyen normas que no deben formar parte de un Plan de desarrollo porque se refieren a políticas y debates sectoriales que deberán tratarse en textos separados como lo ha señalado con toda claridad la Corte Constitucional. Esa pretensión viciaría de inconstitucionalidad varios artículos del Plan. El liberalismo no votará aquello que vaya en contra de lo que la Corte Constitucional ha definido es el alcance de la ley del Plan. No a las normas tributarias, ni a las de pensiones y de cesantías, ni las que regularían el uso de la tierra.

El liberalismo no está de acuerdo con otorgar al gobierno amplias facultades para reestructurar la administración pública sin que se discuta en el Congreso.

• El proyecto no señala con claridad los proyectos de infraestructura que se emprenderían y ello recorta las competencias del Congreso, pero además pone en riesgo las legítimas aspiraciones de las distintas regiones del país que quieren ver el compromiso nacional con proyectos que llevan décadas impulsando.

Nuestros congresistas pedirán que se incluya, en forma expresa, el compromiso de adelantar esas obras de infraestructura.

• La consulta previa que se ha debido hacer con las comunidades étnicas se restringió a las bases del plan de desarrollo, no al contenido de plan lo que puede generar problemas de constitucionalidad.

Y, finalmente estaremos atentos a que se retiren de las bases del plan de desarrollo todas aquellas alusiones de carácter político que reflejan el pensamiento de un sector minoritario de la sociedad de colombiana y no son verdaderamente sustento de las políticas públicas que adopta el plan.

Pediremos que se retiren del Plan las afirmaciones que otorguen esos resultados que no coinciden con la realidad o que otorgan las reivindicaciones sociales que han sido el resultado de políticas de origen multipartidista. El Plan no es instrumento de proselitismo político.

Las regiones de Colombia, la ciudadanía en general, nuestros electores en particular pueden estar seguros que no habrá votos liberales para perder nada de lo que hemos logrado en materia de convivencia y desarrollo, igualdad, respeto a las comunidades étnicas, reducción de la pobreza, disminución de la marginalidad.

César Gaviria Trujillo
Expresidente de la República
Jefe del Partido Liberal
Bancada de Senado y
Bancada de Cámara de Representantes
26 de febrero 2019