La extorsión o «vacuna» es una de las formas en las que se hace visible el control territorial de los más de 300 grupos armados ilegales en Medellín. Este año van 276 denuncias. El 98 % de los extorsionados no denuncian ni se pronuncian.

«Si hablamos de 16 comunas y 5 corregimientos, en todos hay vacunas desde la comuna 1 hasta la 16 y es desde el corregimiento de San Antonio de Prado hasta Santa Elena. Estamos hablando de un monto aproximado de un billón de pesos al año», explicó el exasesor de Paz de Medellín, Luis Guillermo Pardo.

Los conductores de buses pagan hasta a tres grupos diferentes entre 20.000 y 50.000 pesos diarios.

En Medellín se cobran «vacunas» a los contratistas de obras públicas y privadas., por seguridad a viviendas y establecimientos, por permitir reformas a casas y por trasteos.

«Esta situación hace parte de las rentas criminales de algunos grupos delincuenciales y también como algunos jóvenes vinculados con otros grupos criminales han querido obtener dinero de una manera fácil», indicó el coronel Juan Carlos Rodríguez.

A las víctimas que reciben reparación del Estado, los ilegales les cobran un porcentaje, esto ocurre en Medellín y también en el Bajo Cauca antioqueño.

«Hasta quienes están recibiendo el subsidio del PNIS, (Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito), están siendo extorsionados, les toca pagar un porcentaje del subsidio que reciben del Estado a los paramilitares, tanto a «Caparrapos» como a Autodefensas Gaitanistas de Colombia, según el territorio donde estén», Johan Giraldo Ospina vocero de la Corporación Jurídica Libertad.

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En el centro de Medellín les cobran a los habitantes de calle por dejarlos dormir en espacio público y en los barrios les cobran a las madres por no reclutar a sus hijos adolescentes.