Una sentencia de la Corte Suprema expedida en febrero pasado recortó las posibilidades del Estado de recuperar predios para el fondo de tierras del posconflicto al desconocer que los baldíos son propiedad imprescriptible de la Nación. A pesar de que la ley reconoce a la Nación como única dueña de los baldíos, la Corte abrió la puerta para que quien demuestre que los ha explotado tenga la posibilidad de reclamarlos como propio en un proceso judicial.