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Fiscalía acusó a exfuncionarios de gobierno Uribe por concierto para delinquir

La Fiscalía General de la Nación acusó al exsecretario jurídico de presidencia, Edmundo del Castillo y al exjefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, por presuntamente planear desprestigio a la Corte Suprema de Justicia.

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Fiscalía acusó a exfuncionarios de gobierno Uribe por concierto para delinquir

Fiscalia General de la NacionLa Fiscalía General de la Nación acusó ante el Juez 56 de conocimiento de Bogotá, al exsecretario jurídico de presidencia Edmundo del Castillo, al exjefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez y a los abogados Sergio Augusto González y Diego Álvarez, por el delito de concierto para delinquir.

Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez fueron dos funcionarios claves en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El primero deberá responder por la supuesta planeación del desprestigio a la Corte Suprema de Justicia como represalia por las investigaciones que adelantaba por posibles nexos entre políticos y cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se presume que Castillo fue quien acordó con miembros de las AUC, el acopio de información ilegalmente obtenida mediante equipos técnicos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

El ente investigador los relaciona con los casos Paseo, Tazmania, Guzmán, Job, Fotógrafo, Pareja y Operación Procrear, en los que mediante el uso de equipos del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), abogados intermediarios y con jefes de las AUC se planeó supuestamente desacreditar las investigaciones del magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez.

Por su parte, César Mauricio Velásquez, es acusado de haberse concertado, presuntamente, con exfuncionarios gubernamentales en la planeación de una estrategia de comunicaciones y la divulgación de comunicados que tenían como fin el desprestigio del Alto Tribunal. Este hecho fue conocido en los medios de comunicación como las Chuzadas del DAS.

Los hechos materia de la investigación se remontan al año 2007 cuando en ejercicio de sus cargos en el gobierno, habrían planeado el desprestigio a la Corte.





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