El fiscal general, Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal, María Paulina Riveros, entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los informes correspondientes a las investigaciones en curso, por conductas cometidas en el conflicto armado, incluidas las que ya se encuentren en  juicio.

La Fiscalía General de la Nación le presentó a la JEP una caracterización de los delitos cometidos en el conflicto armado, teniendo en cuenta que el acuerdo final exige que los informes cumplan los siguientes parámetros: ausencia de calificación de los hechos descritos, limitaciones en la descripción de los fenómenos delictivos, falta de individualización de responsabilidades y argumentación sobre la relación de hechos individuales con el conflicto. 

Los registros de los investigadores dan cuenta de 223.282 casos identificados, es decir el 100%, que corresponden, a su vez, a 280.471 indiciados y 196.768 son de víctimas de violaciones a los derechos humanos. De estos hechos, 52.220 corresponden a la extinta guerrilla de las Farc, lo que representa el 23,4%.

Los casos identificados para la Fuerza Pública llegan a 13.934 casos (6,2%). Luego se encuentran 10.164 investigaciones al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 55.768 de las desmovilizadas Autodefensas de Colombia (AUC); 3.324 de otras guerrillas; 13.934 de agentes del Estado combatientes y 87.872 sin un grupo identificado.

Además, la Fiscalía ordenó una serie de acciones judiciales para esclarecer la violencia que se presentó en contra de miembros de la Unión Patriótica durante los años de 1984 y 2016, en el que se vivió la estigmatización por parte de agentes del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hacia los partidos políticos de izquierda, los movimientos comunitarios y sectores de la sociedad que fueron percibidos como extensiones de los grupos subversivos.

En ese contexto, se tienen documentados 863 procesos en los que se identificó alguna relación entre los hechos delictivos y la militancia en la UP. Estos procesos registran 1620 víctimas, por las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables. Este fenómeno se dio en los departamentos de Antioquia, Meta y Santander.

Cabe destacar que, el inventario del conflicto armado se renovará cada dos meses, en la medida que los sistemas de información sean actualizados por los fiscales y responsables de archivo.

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