La semana que empieza hoy será muy activa para la Yidispolítica, la Fiscalía recibirá las pruebas que están en poder de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía usará esas pruebas en el proceso contra Sabas Pretelt, ya vinculado mediante indagatoria, y en las diligencias para determinar responsabilidades de otros funcionarios.

Las pruebas con las que la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina y ordenó la captura de Iván Diaz Mateus y Teodolindo Avendaño, serán anexadas al proceso de la Fiscalía en contra del ex ministro del interior Sabas Pretelt.

El martes a primera hora una comisión de la Fiscalía realizará una inspección judicial en la Sala Penal de la Corte Suprema a los tres expedientes para recaudar las pruebas.

Las versiones sobre la compra de notarías y puestos en diferentes entes estatales, entregadas por los testigos en la Corte serán confrontadas con la indagatoria del embajador en Italia, Sabas Pretelt, para determinar si existen indicios o no de conductas irregulares.

La investigación en contra del ex ministro del Interior no tiene la figura jurídica de la resolución de situación jurídica, es decir que hasta que no se determine si lo llama a juicio o si archiva la investigación, la Fiscalía no dictara medida de aseguramiento en su contra, eso en caso de haber mérito para hacerlo.

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Fuentes consultadas por Noticias Uno explicaron que dentro del proceso contra el embajador se puede hacer parte civil una veeduría ciudadana y que en caso de que aparezca un indicio sobre una posible conducta irregular, la veeduría podría solicitar el embargo de los bienes de Sabas Pretelt, como medida cautelar.

La investigación en contra del Ministro Diego Palacio y de los secretarios de despacho Alberto Velásquez y Bernardo Moreno, que tienen rengo de ministros no se ha iniciado en la Fiscalía porque el Fiscal General, Mario Iguarán, también se declaró impedido.

Esta semana la Corte Suprema decidirá si le acepta el impedimento al Fiscal General. De ser así el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago asumiría la investigación y con las pruebas recaudadas en la Corte Suprema, determinaría si hay lugar para llamarlos a indagatoria.