El trabajo conjunto del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Asuntos Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) permitirá que cinco ciudadanos españoles condenados en Colombia retornen a su país de origen en las próximas semanas para terminar de cumplir con las penas impuestas por las autoridades nacionales.

El 1 de junio serán repatriadas Juana Amat García y María Teresa Romera Segura. La primera fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión y la segunda, a nueve años y nueve meses. Ambas venían pagando sus condenas en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El 4 de junio serán entregados a funcionarios españoles los ciudadanos Agustín Moreno Muñoz y Juan Antonio Morales Cabrera, condenados a 10 años y ocho meses y a cuatro años y 10 meses de cárcel, respectivamente, por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Permanecían recluidos en el centro de reclusión La Picota.

Finalmente, el 7 de junio será repatriada Luz Consuelo Torres Tascón, quien pagaba 18 años y ocho meses de prisión, también por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y venía cumpliendo prisión domiciliaria bajo vigilancia del Centro de Reclusión de Mujeres La Badea de Pereira, Risaralda.

Todos los traslados desde los sitios de reclusión y las entregas a funcionarios españoles se harán en el aeropuerto internacional El Dorado bajo rigurosas medidas de seguridad.

Estas repatriaciones se dan en el marco del tratado sobre traslado de personas condenadas entre la Colombia y España, aprobado por la Ley 285 de 1996 y cuyo objetivo es contribuir a la cooperación jurídica transnacional, a la descongestión judicial y a la lucha contra el hacinamiento carcelario en los centros de reclusión de ambas naciones.

Cabe recordar que con el Decreto 1427 de 2017 el Gobierno facultó al ministro de Justicia para decidir sobre el traslado de extranjeros condenados en Colombia, una competencia legal encaminada al fortalecimiento de la cooperación judicial internacional. Las autoridades españolas se comprometieron a continuar con la ejecución de las penas impuestas a sus connacionales en nuestro país.

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