La oficina de comunicaciones de la Corte Constitucional aseguró que se violaron los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación al despedir a la profesora Mónica Godoy Ferro, quien denunció abusos sexuales y laborales contra personal del plantel. 

El 9 de marzo de 2017 una integrante del cuerpo de vigilancia de la Universidad, buscó ayuda de la profesora, pues afirmó que ella y otras de sus compañeras de trabajo habían sido víctimas de acoso laboral y sexual presuntamente causados por sus jefes directos y algunos de sus compañeros.

La profesora Mónica Godoy informó a las directivas del plantel y por petición de la rectoría lideró varias reuniones de sensibilización. El 9 de agosto de 2017, Godoy envío un correo electrónico con un documento llamado “Informe sobre violencia de género y acoso laboral en la Universidad de Ibagué”, en el cual informaba 10 casos de despidos de trabajadores que integraban el cuerpo de seguridad, incluida una de las presuntas víctimas.

El 17 de agosto de 2017, antes de entrar a una reunión con las directivas de la Universidad para tratar el tema, a la profesora Godoy le informaron verbalmente sobre la cancelación de su contrato laboral “y que, (…) la causa de dicha decisión era que “[su] estilo no encajaba con la institución”.

El fallo de la tutela impuesta por la profesora tras su despido injustificado, “ordena reintegrar a la accionante a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba al momento de su desvinculación, el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenga derecho”. 

En el mismo sentido, se dirige al Ministerio de Educación para que establezca lineamientos y estándares para las instituciones de educación superior en relación con los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas.