Gracias a un grupo de abogados, el gobierno ahora está obligado a defender a las comunidades del Chocó y al río más caudaloso del país de la acción de grupos armados y de la minería ilegal.

La indiferencia del Estado podría dejar al departamento del Chocó sin su cuenta hidrográfica más importante: el río Atrato. Así lo sentencia un fallo del magistrado Jorge Iván Palacio que declara al Atrato como “sujeto especial de protección” y ordenó suspender la minería ilegal, artesanal y a gran escala en el afluente que se encuentra contaminado por mercurio.

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“La Corte Constitucional advierte que parte de los problemas que se están presentando por la explotación de recursos naturales como el oro, el platino, recursos forestales, se da por una ausencia de las entidades del Estado”, afirmó Viviana González.

El alto tribunal considera que el abandono institucional en el departamento del Chocó creó las condiciones de contaminación ambiental en el Atrato, específicamente, en la población de río Quito, donde cerca de 40 retroexcavadoras aparecían diariamente para socavar la riqueza forestal para acceder al oro.

“A tomar medidas frente al control de esta minería mecanizada, desbordada, pero también a apoyar distintas alternativas económicas para el bienestar de los chocoanos”, dijo González.

La Corte Constitucional sostiene que la seguridad alimentaria de las comunidades está en riesgo por la minería.

“La Corte reconoce, por ejemplo, que la presencia de estos grupos armados, la presencia de estos actores poderosos en el territorio y la devastación en que se encuentra el territorio ha hecho de la actividad minera el principal renglón de la economía del departamento, con lo cual las comunidades también viven de la minería”, sentenció González.

Mauricio Cabrera “Hay comunidades que no quieren la actividad minera porque le han degradado su territorio. Sin embargo, hay otros que también están interesados en desarrollar la minería como única alternativa de desarrollo”.

La sentencia le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que investigue a los extranjeros que ejercen la minería en Chocó y que podrían tener relación con los problemas ambientales de la región. “Personas provenientes de Brasil, de Perú, de otras zonas incluso del país como Antioquia que han llegado con grandes maquinarias a hacer explotación del recurso”.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional es producto del trabajo jurídico de la ONG Tierra Digna, quien desde hace dos años representa a las comunidades afrodescendientes del Chocó afectadas por la minería a cualquier escala.