El Ministerio del Interior expidió el decreto 762 de 2018 mediante el cual se adopta una política pública con el objetivo de respetar, promover, garantizar y restituir los derechos de los sectores sociales LGTBI en el país.

La decisión de expedir dicha normativa se tomó a raíz de los constantes informes y llamados hechos tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que advertían sobre “un déficit de protección de derechos de personas con orientaciones sexuales diversas”, por lo que existía la necesidad de “prevenir las violaciones a los derechos de los sectores sociales LGTBI”.

En el decreto se afirma que su objetivo primordial es “el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas LGBTI y de sus derechos inalienables”.

Para ello se plantearon varios tópicos esenciales tales como:

  1. Promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y a una tutela judicial efectiva. Esto con el fin de “identificar actos de discriminación asociados a la diversidad sexual de género”. “No puede haber lugar a que la orientación sexual sean usadas como un criterio para limitar, restringir o negar el acceso a los bienes y servicios del Estado”.
  2. Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGBTI. Este punto tiene como objetivo “promover y diseñar espacios de participación”.
  3. Promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura. Este punto busca remover las barreras existentes en el acceso a los derechos e impedir que surjan nuevas barreras por tratarse de sujetos de especial protección.
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Se plantea además la necesidad de que las entidades nacionales y territoriales promuevan la implementación de protocolos que permitan “diferenciar a la población acorde a su orientación sexual e identidad de género en los registros administrativos y en los sistemas de información para  facilitar la caracterización y e registro de información de las personas que hacen parte de los sectores LGTBI”.

Igualmente se plantea el fortalecimiento de mecanismos que permitan garantizar una vida libre de violencia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con orientaciones sexuales diversas”.

Agrega el decreto que incluso se realizarán ajustes institucionales para la implementación del enfoque “en el reconocimiento y atención a víctimas de los sectores sociales LGBTI en el marco de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas” en el marco del postconflicto.

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