Hasta Bolívar llegó el escándalo de corrupción electoral
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La investigación que provocó náuseas al fiscal general Néstor Humberto Martínez se extendió desde Cartagena a todo el departamento de Bolívar y tiene capítulos aparte en el Cauca y Chocó, por votaciones atípicas y en Bogotá donde serán imputadas dos funcionarias por presunta coacción a los electores.
Al departamento de Bolívar llegó el escándalo de la organización Casa Blanca desde donde se repartían, presuntamente, los dineros para la compra de votos para la senadora electa del partido conservador Aida Merlano. En ese departamento la fórmula a la Cámara de Merlano fue Emeterio Montes, sobrino del parapolítico William Montes condenado en 2012.
Emeterio Montes logró la curul en la Cámara con 66.252 votos, mientras Merlano superó los 30 mil sufragios en ese departamento, que no es el natal. Las autoridades verifican si es cierto que se pagaron más de 6 mil millones de pesos en esas votaciones para favorecerla.
En el Cauca la Fiscalía recuperó un material electoral manipulado por jurados de votación en el municipio de López de Micay. En el análisis pericial se determinó que por lo menos 250 tarjetones habrían sido marcados por la misma persona. Según las denuncias, con dicha manipulación se habría beneficiado al candidato a la Cámara Faber Muñoz, fórmula del Senador Roy Barreras.
Otro de los departamentos investigados es el Chocó. En 9 municipios, incluido Quibdó, fue denunciada la manipulación de los formatos E-14, E-24 y E-26, en los que se registra una diferencia de votos en favor del candidato de Cambio Radical al Senado, Antonio Guerra de la Espriella, con lo que aseguraría su reelección.
En Bogotá se investiga a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Integración Social. Los candidatos Diego Caro a la Cámara y María Fernanda Cabal al Senado por el Centro Democrático, habrían sido favorecidos con presiones de renovación de contratos a varias maestras de preescolar en la localidad de Kennedy. Julián Gutiérrez y Francisco Rodríguez serán imputados en audiencia pública el próximo 3 de julio.
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