En enero de 2013 Sebastián González de 21 años estaba en la represa de Guatapé en compañía de una amiga, decidieron entrar al agua y se electrocutaron, su amiga se salvó, Sebastián murió. La familia de Sebastián demandó a Asobarcos Guatapé y a su representante legal.

Andrés Orión Álvarez afirmó que “solo hasta que una persona que estaba viendo todo lo sucedido decidió apagar la corriente o cortar la corriente de energía fue que los policías lograron sacarla a ella con vida, Sebastián falleció”.

En el expediente hay un concepto de Empresas Públicas de Medellín que dice que no existe autorización para electrificar el agua de la represa.

“Se dice, pero es un tema que no quedó acreditado en el proceso, que los propietarios de la embarcación lo hacían para protegerse de los hurtos reiterados de las hélices de esas embarcaciones”, afirmó Andrés Orión Álvarez.

Pero lo que sí está acreditado, según este abogado, es que el agua estaba electrificada y que Sebastián murió producto de las corrientes de energía.

Andrés Orión Álvarez dijo que “los demandados aquí fueron: H.J. Vallejo y CIA S.A.S. con sigla ASOBARCOS GUATAPÉ, ella en condición de copropietaria de la embarcación El Imperial. El señor Humberto Vallejo Atehortua copropietario de la misma embarcación y para esa fecha, representante legal de Asobarcos”.

Pero Humberto Vallejo logró que el juez sacara a Asobarcos del proceso por error en una letra del correo electrónico al que enviaron la notificación de la demanda. Vallejo se dio cuenta del error porque él también estaba demandado pero como persona natural.

El abogado de H.J. Vallejo con sigla Asobarcos Guatapé tiene un escrito en el expediente en el que defiende a su cliente afirmando que Sebastián no murió electrocutado, basado en una necropsia del hospital La Inmaculada de Guatapé.

Texto: “Según hallazgos encontrados en la necropsia médico legal, fueron causa natural y directa de anoxia mecánica secundaria a sumersión”.

En otras palabras, que murió ahogado producto de la electrocución. El día de su muerte Sebastián se estaba despidiendo porque se iba a vincular a las fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Su familia reclama una reparación de 800 millones de pesos.