La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por 32.261 millones de pesos a ocho exdirectivos de Bioenergy por la pérdida de recursos.

Dicha imputación tiene que ver con el contrato de suministro de caña de azúcar en noviembre de 2010 celebrado con la empresa Riopaila para el suministro de Riopaila.

Ese contrato estaba pactado por un término de 22 años, el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol “El Alcaraván”, situada en Puerto López, Meta.

El 8 de abril de 2014, Bioenergy terminó el contrato con Isolux y para continuar la ejecución del proyecto suscribió el 18 de julio de 2014 con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, que tampoco cumplió al celebrar 15 otrosíes.

La planta industrial inició sus operaciones el 14 de julio de 2017, lo que afectó el componente agrícola, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castrilla S.A.

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Esa situación generó un daño patrimonial al Estado de $24.223.527.390 y la disposición de 114.498 toneladas de caña al suelo.

Es decir, esa materia prima no fue utilizada para la producción de etanol, sino tirada al suelo para utilizarlas como cepa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800.

Los imputados son el gerente de Bioenergy Aleck Rumberto Santamaria de la Cruz y siete miembros más de la junta directiva:

  • Juan Carlos Roa Márquez
  • María Elena Velásquez Restrepo
  • Juan Felipe Munera Yepes
  • Alexander Cadena Motezuma
  • Henry Echeverri Campuzano
  • María Cristina Gloria Inés Cortes Aranga
  • Claudia Castellanos Rodríguez