Cuando el actual asesor del fiscal general, Majer Abushihab, era el apoderado de Carolina Rico, esposa del fiscal extraditable Luis Gustavo Moreno, que fue acusada de transportar cocaína, él contrató los servicios de la Unidad de Investigación Criminal para la Defensa, una oficina particular que funciona buscando pruebas para quienes la contraten, que son personas que enfrentan procesos por graves delitos. Es una especie de ‘Fiscalía paralela’ pero al servicio de los abogados defensores.

Antes de ser el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno era el asesor externo de esa oficina de Investigación. La UID es representada por los señores Yefrin Garavito y Damián Guevara. El asesor del fiscal general Abushihab ha sido conferencista de las capacitaciones que ofrece la UID en la propia Fiscalía General. La Unidad fue una de las patrocinadoras del libro “El falso testimonio” que presentó Moreno en 2015.

A la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa acuden los más prestigiosos penalistas del país. Esta oficina privada de investigadores judiciales presenta como aliados y clientes a los bufetes de los abogados de Jaime Granados, Abelardo de la Espriella, Jaime Lombana, Francisco Sintura, Alejandro Sánchez, David Benavides Morales, Daniel Largacha, Ramón Ballesteros, entre otros.

Ballesteros es recordado porque fue capturado en parecidas circunstancias a la de Moreno.

Entre los casos que ha apoyado la UID y que tienen relación con el fiscal extraditable Moreno están: el del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien enfrenta un proceso por parapolítica, y el de la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez.

Otros apoyos investigativos privados que ha ofrecido la UID aparecen como clientes los socios de Odebrecht, el grupo Nule, Tomás y Jerónimo Uribe, el general Mario Montoya Uribe, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Enilce López, alias ‘La Gata’, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, entre otros.

Paradójicamente, la Unidad de Investigación Criminal para la Defensa también aparece como contratista de la Fiscalía, el Ejército, la Policía, entre otras entidades del Estado, para dictar capacitaciones sobre cómo se debe hacer la investigación forense y criminal.

Para algunos expertos analistas jurídicos, que la UID contrate con el Estado en la misma escala de tiempo que ofrece sus servicios a los bufetes de abogados de los acusados en el país, resulta al menos poco ético.

Su logo de identificación aparece siempre al lado del de la Fiscalía General de la Nación en algunos eventos de capacitación. Y en la papelería usan el escudo de la República de Colombia que sólo puede ser utilizado por entidades del Estado.