Las autoridades investigan la muerte del joven defensor de Derechos Humanos, Flower Jair Trompeta Pavi, ocurrida en el municipio de Corinto (Cauca) y de la cual se acusa al Ejército Nacional.

Según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la comunidad reportó que «los hechos se presentaron tras escuchar varios disparos y el sobrevuelo de un helicóptero en horas de la mañana del lunes 28 de octubre».

Frente a esto el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, aseguró a medios de comunicación que «ya hay una investigación que está adelantando la Fiscalía» y reiteró que no hay ninguna posibilidad de que se hayan revivido los «falsos positivos», práctica con la que militares ejecutaron a unos 5.000 civiles en las dos últimas décadas para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

«Absoluta y categóricamente no, no existe la menor posibilidad» de que se trate de un «falso positivo», explicó Botero Nieto.

La información de la Anzorc agrega que los «familiares del joven asesinado solicitan a las autoridades investigar a fondo las extrañas circunstancias en las que se presentaron los hechos y devolver el cuerpo en la mayor brevedad».

Habitantes de la región aseguraron a medios locales que el joven supuestamente fue retenido por miembros del Ejército quienes al parecer lo torturaron metiéndole una mano en una máquina para despulpar de café.

De acuerdo a la Anzorc, Trompeta Pavi era integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución de Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal), localidad cercana a Corinto.

El caso también fue denunciado por el senador Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, quien escribió en su cuenta de Twitter que según la comunidad donde vivía el joven, al «campesino se lo llevaron vivo de su parcela (…) unidades del Ejército (hay testigos) y dos horas después aparece asesinado y con señales de tortura».

En otro mensaje Barreras dijo que solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Fiscalía una «rigurosa autopsia» y que el caso lo seguirá la Comisión de Paz del Senado.

El senador añadió que espera que la información «no sea manipulada como en el caso de Dimar Torres ni nos informen que fue un accidente».

Torres era un desmovilizado de las Farc que dejó las armas tras la firma del acuerdo paz y fue asesinado el pasado 22 de abril por militares en un corregimiento del municipio de Convención (Norte de Santander), que hace parte de la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. 

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