La Fiscalía y la Procuraduría indagan los cambios que varios alcaldes vienen realizando en el Plan de Ordenamiento Territorial, en sus municipios para modificar el uso de los suelos, en muchos casos para favorecer a constructores.

En Cundinamarca se investigan las modificaciones hechas a los POT en Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Cáceres, El Rosal, Tabio y Apulo.

La Fiscalía indaga once casos, por afectaciones en nueve municipios; y 38 personas se encuentran acusadas por esta práctica ilegal.

Por su parte, el procurador, Fernando Carrillo, también reveló que en la entidad se investigan 68 casos.

«Los planes de ordenamiento territorial se convirtieron en la ‘gallina de los huevos de oro’ de la corrupción para los funcionarios de elección popular y eso tenemos que pararlo, y lo tenemos que parar entre todos», señaló.