La división comercial del Tribunal Superior de Londres, en un juicio de cuatro días, tiene autoridad para gestionar las reservas nacionales de oro depositadas en el Banco de Inglaterra: la Junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la junta paralela nombrada por el opositor Juan Guaidó.

La jueza Sara Cockerill escuchará los argumentos de ambas partes hasta el próximo lunes, cuando es posible que fije una fecha para pronunciar su dictamen. Por la complejidad del caso, es improbable que este sea inmediato, y de todos modos podrá ser recurrido.

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Cockerill, que ya estuvo a cargo previamente de este proceso, lo recupera ahora después de que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, aclarara dos cuestiones preliminares, sin las cuales no se podía proceder al juicio formal.

Tras oír los alegatos de los abogados de las juntas de Maduro y Guaidó, el Supremo concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoció a todos los efectos al político opositor como presidente interino de Venezuela, en una declaración que emitió el 4 de febrero de 2019.

También dispuso que los nombramientos de Guaidó a la junta “ad hoc” del banco central venezolano deben ser considerados por la Justicia inglesa como “actos soberanos” de Venezuela (dado que Londres lo trata como el presidente legítimo), pese a que fueron declarados nulos por la Justicia venezolana.

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En este sentido, el Supremo británico dejó en manos del Tribunal Superior analizar, con base en la evidencia, si los tribunales ingleses se debe dar por bueno o, por contra, ignorar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas en que invalidaba la junta de Juan Guaidó.

Los abogados de la parte del líder opositor alegarán que la corte venezolana es un instrumento político de Maduro, por lo que sus dictámenes no han de ser reconocidos en el Reino Unido, según han adelantado.

La parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostendrá que su Administración es la única legitimada en el país.