De la sentencia de la Corte Constitucional también depende la seguridad jurídica de los reintegrados que se acogerían al sistema especial de justicia para la paz. Mientras se conoce el fallo, la incertidumbre reina en la Dirección de justicia transicional del ministerio del ramo. Este momento es crítico porque está en juego la propia implementación del acuerdo.