La Corte Suprema de Justicia les mete el acelerador a los procesos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Fue en 2011 cuando estalló el escándalo de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que llevó a la liquidación de esta entidad por la fiesta que algunos congresistas habrían hecho con los bienes incautados por esa institución a la mafia. Hace seis años, la Sala Penal de la Corte Suprema anunció la apertura de indagaciones preliminares contra senadores y exsenadores por presunto tráfico de influencias. El objetivo es buscar evidencia sobre ingresos de dinero o compra de bienes de forma irregular en la Dirección de Estupefacientes. Esa investigación, que estaba engavetada, acaba de ser reactivada. Fuentes del alto tribunal revelaron que tres de esos procesos están en la mesa del cuestionado magistrado Gustavo Enrique Malo; cuatro, en el despacho del magistrado Luis Guillermo Salazar, y los dos restantes, en el despacho del magistrado Eyder Patiño, todos en práctica de pruebas. En la lista de los congresistas y excongresistas investigados por el escándalo están Cristóbal Rufino Córdoba, Hernán Andrade, Lucero Cortés, Óscar Fernando Bravo, Javier Cáceres, Miguel Pinedo Vidal, Ómar Yepes Alzate, Miryam Alicia Paredes Aguirre y Álvaro Ashton.

Los congresistas Andrade y Ashton están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, por el presunto pago de dineros a cambio de favores judiciales.