La JEP quiere conocer el plan de acción del gobierno sobre el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales
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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP convocó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a una audiencia pública de seguimiento y verificación de las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos ante la Jurisdicción.
A la audiencia también están citados una representante permanente de la plataforma de mujeres, un representante de los grupos étnicos, un delegado para las plataformas de derechos humanos y una procuradora delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de paz.
La audiencia de seguimiento y verificación tendrá lugar el próximo martes 28 de febrero entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m. en las instalaciones de la JEP en Bogotá.
¿Por qué se toma la decisión?
La Jurisdicción indicó que la decisión la tomaron luego de que el pasado 16 de enero se venciera un nuevo plazo otorgado para que el Alto Comisionado presentara dicho plan y la política pública, para reducir el impacto de la violencia y particularmente la muerte de excombatientes.
Así las cosas, se determinó la urgencia de tener esta política pública, para enfrentar el aumento y la expansión de las violencias por parte de nuevos grupos armados entre 2021 y 2022.
“El comisionado Rueda, quien es el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), tendrá que presentar ante la JEP el plan de acción y la política pública que apunten al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que se han incrementado en los últimos meses en distintos territorios del país”, explicó la JEP.
Muerte de excombatientes
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) expuso que a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las Farc-EP.
Qué pide la JEP
- Una política pública para alcanzar la justicia y desestructurar las organizaciones.
- Un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos a las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición.
