Las pruebas contra los presuntos testaferros de las Farc en dos cadenas de supermercados no pasaron el examen del juez de garantías. Según él, lo que dijeron los testigos no concuerda con lo que dicen los archivos oficiales.

El juez 20 de control de garantías que dejó en libertad a los hermanos Mora Urrea, supuestos testaferros de las FARC en los supermercados Supercundi y Merkandrea le llamó duramente la atención a la Fiscalía en la audiencia del 24 de abril pasado.

Sobre las declaraciones de los tres supuestos desmovilizados de las FARC que testificaron contra los Mora Urrea, el juez dijo que la fiscalía no presentó constancia ni de la comisión de viaje al Espinal, Tolima, ni de la orden para entrevistar a dos de esos presuntos exguerrilleros del fiscal que fue a esa población a cumplir un trabajo oficial en un día domingo.

“Son declaraciones raras y deber tomarse en cuenta que dos de ellas fueron tomadas el mismo día y a la misma hora y por el mismo fiscal”, explicó el juez 20 control de garantías.

El juez se centró en una parte de la declaración del testigo Wilson Rivas Bonilla quien aseguró que había conocido al padre de los investigados Mora Urrea y demostró por qué era obvio que eso era imposible.

“Indican que el señor de los Urrea falleció en el año 82… Entonces ¿cómo puede indicar este declarante que conoció desde los 3 años al señor padre de los Mora Urrea?”

Señaló que la Fiscalía ni siquiera se preocupó por revisar las salidas del país de los investigados  cuando pidió dejarlos presos por temor a que se fugaran.

“Si se tienen registros migratorios que indican que hace años específicamente casi 9 años que no salen del país eso conlleva a que la urgencia de la medida también pierda su fuerza porque la medida de aseguramiento como lo he reiterado debe ser actual y estamos en una investigación que data once años atrás”

Otro grave error que encontró el juez de garantías fue que en la presentación judicial del balance de las empresas, el fiscal del caso se dedicó a resaltar los ingresos sin tener en cuenta los egresos.

“Las obligaciones financieras también tienen pasivos con empresas que superan ampliamente los $ 20 mil millones.

La libertad otorgada en la audiencia por este juez fue apelada por la fiscalía que aún insiste en los soportes de su imputación.

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