Hace varios años, se conocieron denuncias de las madres de Charalá, Santander, según las cuales 214 niños habían sido violados, asesinados o reclutados por los paramilitares del frente Comuneros de las Autodefensas bajo la estructura de Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” y Rodrigo Pérez Alzate alias “Julián Bolívar”, jefes del Bloque Central Bolívar.

“Para nosotros era muy triste no poder hacer nada (…) El reinado que hicieron con niñas del colegio, niñas que eran entre 14, 15 años o menos. Sacaron una que era dizque la reina de los paracos”, dijeron las madres de las niñas.

Las denunciantes afirmaron ante la justicia que la señora Lucila Gutiérrez, rectora del colegio Nuestra Señora del Rosario, la única institución educativa de la vereda Riachuelo de Charalá, había puesto al servicio de los paramilitares a sus estudiantes entre los años 2000 y 2004, mientras que su esposo, concejal del mismo pueblo, era su aliado. La fiscalía confirmó las afirmaciones de las víctimas, y en abril de 2016, capturó a la rectora por permitir el reclutamiento de menores por parte de las autodefensas, y por presentar niñas a los jefes paramilitares para someterlas a abusos y esclavitud sexual. Su esposo, el exconcejal de Charalá, Luís Moreno, dijo que las niñas mentían y aseguró que ellas eran las que violaban a los paramilitares.

“Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto. Los violados eran los paracos, no las niñas”, dijo Moreno.

El entonces jefe de dirección de análisis y contexto de la fiscalía, Juan Pablo Hinestrosa, confirmó en su momento, la captura de la señora Gutiérrez y la notificación de la misma a su esposo quien estaba detenido por homicidio. A la rectora le imputaron los delitos de desplazamiento forzado, esclavitud sexual, concierto para delinquir, reclutamiento de menores, secuestro agravado y acceso carnal violento en persona protegida. Doña Lucila fue condenada a 13 años de cárcel por un juez.

En junio de 2016, dos meses después de la captura de la rectora, la Fundación Defensa de Inocentes del periodista Herbin Hoyos y el ex Diputado del Valle, Sigifredo López, radicó en la fiscalía el resultado de una serie de entrevistas que supuestamente realizó a habitantes de 60 casas de la región sobre las agresiones a los menores de edad. Su informe concluyó que las 220 niñas de las que se dijo habían sido abusadas sexualmente no existen; que los 110 niños asesinados nunca lo fueron; que el colegio nunca había sido tomado por los paramilitares, y que la señora rectora había sido víctima de un paramilitar identificado como Gerardo Alejandro Mateus alias “Rodrigo” quien la estaba extorsionando a ella y a su esposo.

Aparentemente, el informe de esta fundación autodenominada “Defensa de Inocentes” sirvió para que la rectora y su esposo quedaran en libertad.

Lucila Gutiérrez salió de la cárcel de mujeres Chimitá en Girón, Santander, a donde la recibió efusivamente el exalcalde de Charalá, Fabio León, quien en abril de 2015 también había dicho que las denuncias de estas madres eran falsas.

“Hombre, todo eso es totalmente falso. Aquí uno habla con los padres de familia de ese entonces y ellos dicen: ‘Nunca, nunca sucedió eso’”, indicó León.

La orden de libertad para la rectora y su esposo sorprende además porque mientras los aliados políticos de Riachuelo niegan lo ocurrido con los menores de Charalá, enjulio de 2014 los jefes paramilitares Julián Bolívar y Ernesto Báez pidieron perdón.

“De la manera humilde como humilde es usted y su familia, le expreso, le imploro y con el alma de rodillas le digo que nos perdone. Cualquiera sea la responsabilidad que a cada uno nos quepa”, expresó alias Ernesto Báez, jefe paramilitar.

La orden de libertad de esta pareja también sorprende porque hace solo hace un mes, el Juez Tercero Especializado de Bucaramanga los condenó a 13 años de cárcel por el asesinato en 2001 del campesino Libardo Díaz.