La Corte Constitucional convocó este jueves una audiencia pública con líderes sociales y organizaciones que sienten que sus derechos están siendo vulnerados por la indefensión del Estado ante el aumento de la violencia contra ellos.

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“La violencia contra líderes y lideresas es gravísima por su intensidad y por su impactos, pues no solo viola los derechos a la vida y su integridad de líderes y lideresas, sino el derecho a defender derechos e impacta muy negativamente a sus comunidades”, consideró durante la audiencia el director del centro de estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny, que actúa como accionante de una de las tutelas (recursos de amparo) sobre el tema presentada a la alta corte.

La Corte Constitucional estudia nueve acciones de tutela de líderes y defensores contra varias autoridades estatales, como la Presidencia, los ministerios de Interior y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque consideran “vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran”.

“Los accionantes alegan (…) que en su mayoría los líderes no cuentan con la protección de la UNP y si cuentan con medidas ofrecidas por el Estado no han resultado suficientes dado que la amenazas no disminuyen”, resumió el magistrado ponente, José Fernando Reyes.

El aumento “ha sido progresivo”, dijo la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien explicó que se pasó de 61 en 2016 a 84 en 2017 y a 115 en 2018.

Los años siguientes se mantuvieron en torno al centenar, aunque los “casos registrados por ONU-Derechos Humanos son solo una muestra del fenómeno de violencia en contra de personas y, por lo tanto, no pueden interpretarse como un reflejo exhaustivo y completo”.

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Justamente esta semana representantes de varias organizaciones de toda Colombia llegaron a Bogotá para denunciar “la dramática situación” que afrontan las comunidades, expuestas a “homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, masacres, amenazas, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento forzado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, entre otros.

Allí pidieron mecanismos diferenciales, acordados con las organizaciones, para proteger a la población civil