Cuando la Policía Federal de Brasil capturó a Marcelo Odebrecht en junio de 2015, la sucursal de la multinacional en Colombia le solicitó a cuatro abogados sus conceptos sobre la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas del grupo que tiene contratos con la Nación, pues el estatuto anticorrupción inhabilita a quienes incurran en actos de corrupción y ordena caducar los contratos firmados con quienes se demuestre son corruptos.

El abogado Jaime Lombana Villalba le respondió a Odebrecht que el estatuto anticorrupción no es aplicable porque mientras no exista alguna ninguna decisión condenatoria contra personas que sean directivos o accionistas de la empresa en Colombia que determine delitos contra la administración pública, el gobierno no puede caducar los contratos.

El ex procurador Jaime Bernal Cuellar conceptuó que los negocios de Odebrecht en Colombia se pueden suspender siempre y cuando “exista una condena penal en contra de una persona natural por un delito contra la administración pública que tenga pena privativa de libertad o por soborno transnacional”.

El ex consejero de Estado, Ricardo Hoyos Duque, también estimó que la decisión de cancelar la contratación de Odebrecht solo puede adoptarse por la administración cuando un juez profiera una sentencia por la conducta del representante legal o de los administradores.

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Carlos Gustavo Arrieta señaló que las inhabilidades para contratar con el Estado se hacen efectivas cuando la persona natural es condenada por delitos contra la administración pública colombiana o por el delito de soborno transnacional.

Los conceptos de los cuatro juristas fueron entregados entre julio y agosto de 2015. Ahora se sabe que Odebrecht admitió haber pagado once millones de dólares en Colombia, entre 2009 y 2014.

En enero de 2009, el entonces INCO adjudicó la Ruta del Sol a un consorcio liderado por Odebrecht. Y en 2014, Cormagdalena le entregó el contrato de navegabilidad del río Magdalena al consorcio Navelena, del grupo de la multinacional brasileña.