La masacre en la que paramilitares y posibles militares mataron a 11 investigadores judiciales en San Carlos de Guaroa fue declarada crimen de lesa humanidad y ya no hay plazo final para la búsqueda de los responsables.

La Fiscalía General de la Nación determinó que la masacre de San Carlos de Guaroa, Meta, en la que murieron once funcionarios judiciales hace 20 años  y ejecutada por paramilitares de Martín Llanos en colaboración con miembros del Ejército, sí es un crimen de lesa Humanidad.

El ente acusador dejó en claro que el ataque a la comisión fue sistemático, generalizado y en contra de la población civil.

Once de los 57 integrantes de la comisión judicial de la que hacían parte el CTI de la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía, fueron asesinados durante  una emboscada de los paramilitares, cuando regresaban de una operación de extinción de dominio en la finca El Alcaraván, del narcotraficante Gustavo Adolfo Soto.

Para la Fiscalía el refuerzo aéreo del Ejército y el llamado angustioso de los sobrevivientes nunca fue atendido.

En ese entonces el comandante de la séptima brigada era el general Jaime Humberto Uscategui y el de la Cuarta división, el general Agustín Ardila Uribe, a quien la Fiscalía el año pasado pidió compulsar copias para que fuera investigado penalmente.

En 2007 la Corte Suprema de Justicia condenó a 38 años de cárcel al jefe paramilitar del Casanare Héctor Germán Buitrago, alias «Martín Llanos» y a su  padre Héctor Buitrago, alias «El Viejo», por la masacre de la comisión judicial.

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