Más de 85 mil millones de pesos tendrá que pagar la Superintendencia Nacional de Salud a 37 IPS, entre ellas varias clínicas de Barranquilla, que demandaron por el no pago de los servicios que estas le prestaron a siete EPS que fueron liquidadas entre el 2014 y el 2016.

Las empresas que le prestaban servicios a EPS como Solsalud, Salud Condor y Humanavivir, entre otras, reclamaron el pago de las facturas que quedaron sin cancelar cuando dichas EPS fueron liquidadas y para ello iniciaron un proceso judicial contra la Superintendencia.

El juez 13 civil de circuito de Barranquilla que estudió el caso consideró que al ser la Superintendencia garante de la prestación del servicio de salud debe responder con el dinero del sistema por los incumplimientos de una EPS en las obligaciones financieras que contrae con las instituciones que le prestan los servicios.

El superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, sostuvo que este fallo es preocupante porque no tiene en cuenta que la función de la entidad es de vigilancia y la pone a responder por un pleito que es entre particulares.

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«La Superintendencia tendría que cancelar un dinero de todos los colombianos frente a un negocio entre particulares. Además, el fallo fue proferido por un juez civil cuando le correspondía a uno administrativo», explicó el funcionario.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, aseguró que es un fallo exótico porque contradice los más elementales principios del derecho.

«Este fallo pone al Estado de paganini en cualquier disputa entre particulares. En el fondo vuelve al Estado colombiano garante de cualquier obligación contraída por un particular y eso es ridículo«, indicó el funcionario.

Luis Guillermo Vélez agregó que ya se trabaja en acciones contra el fallo y el juez para que se determine si incurrió en alguna falta disciplinaria o de otra naturaleza.