Esposas, hermanas y otros familiares de parapolíticos se preparan para asumir las curules que perdieron sus detenidos parientes…

La denuncia de la Misión de Observación Electoral ya tiene algunos nombres que hoy empieza a registrar Noticias Uno.

Doris Vega, la esposa de Luis Alberto Gil, investigado por parapolítica en Santander; la hermana del senador Álvaro García y Aracely Olivares, la esposa de Erick Morris, ambos condenados por sus pactos con los paramilitares en el Sucre;  Arlette Casado, la esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años de prisión por parapolítica…

Estos son solo algunos de los nombres que comenzaron a aparecer en las listas aún no oficiales de aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes en el país y que llevaron a la Misión de Observación Electoral, MOE, a pedirle a los partidos políticos que hagan públicas las medidas que van a tomar para que en sus listas no se vuelvan a infiltrar políticos relacionados con grupos armados…

“Es el momento en que los partidos tomen todas las medidas necesarias para que inhabilitados o testaferros de votos, es decir candidatos que son las hijas, esposas de aquellos que ya están condenados por relaciones con grupos armados, no recojan esos votos…”

Además, pidieron acciones para que por hechos como los ocurridos en las elecciones de los últimos ocho años se asuma una responsabilidad política….

“Lo único que uno ve es que los mismos que estaban de directores en las campañas de 2006 y 2007, que acompañaron a su partido y a quienes se les reventó el escándalo en la cara, siguen o como presidentes de sus partidos o como candidatos presidenciales….”

En el informe presentado por la MOE reiteró la alerta por los departamentos de la Costa, Córdoba, Atlántico, Magdalena y la Guajira, para evitar que se repita la toma del poder por parte de los armados… “…que por lo menos se logre controlar esa relación mafiosa entre políticos y grupos armados…”

Y alertó por la fuerte presencia armada en las zonas del Bajó Chocó y el Nariño Pacífico, donde se podría registrar apoyo armado a varios candidatos, como también podría ocurrir en Casanare y Meta, donde la fuerte presencia paramilitar hace temer que se reediten las relaciones entre grupos armados al margen de la Ley y políticos.