Citan a juicio a 4 oficiales del Ejército por no reconocer ‘falsos positivos’
La mayoría de hechos que les habían imputado ocurrieron entre 2005 y 2008 en Huila, cuando se produjo un “incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública”
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Cuatro oficiales retirados del Ejército colombiano, incluido el general Jaime Lasprilla, que fue comandante de la institución, irán a juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por no reconocer su responsabilidad en casos de ejecuciones de civiles cometidas en el departamento del Huila.
Así lo informó este martes la JEP, que detalló en un comunicado que remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) los casos de Lasprilla; de los generales Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y del coronel Fernando Moncayo, que fueron imputados como máximos responsables de estos crímenes.
“La UIA deberá proceder con activar la ruta adversarial. De ser vencidos en juicio podrán enfrentar hasta 20 años de cárcel”, agregó la JEP en un escueto comunicado.
Justamente en noviembre pasado, la JEP imputó a 35 miembros del Ejército en Huila, entre ellos estos cuatro oficiales, por 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidios en casos de ‘falsos positivos’, como se conocen las ejecuciones de civiles cometidas por esa institución.
El tribunal los acusó entonces por “su participación en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional”.
La mayoría de hechos que les habían imputado ocurrieron entre 2005 y 2008 en Huila, cuando se produjo un “incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública”.
El de los ‘falsos positivos’ es uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército desaparecieron y asesinaron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras, a cambio de premios y ascensos.
La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.