Consejo de Estado admitió demanda contra Isabel Zuleta. ¿Perderá su curul en el Senado?
La congresista había sido el centro de las críticas luego de sus declaraciones.
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La demanda en contra de la senadora Isabel Zuleta fue aceptada por el Consejo de Estado. Esto implica que será investigada por financiar campañas en las siguientes elecciones regionales 2023. La denuncia había sido hecha por el candidato a la Gobernación de Antioquia Augusto Osorno Gil.
Isabel Zuleta es una de las senadoras que más ha dado de qué hablar en el presente gobierno. Su participación en el Pacto Histórico ha sido polémico, no solo por su participación en los debates contra otros senadores, sino también por sus acciones y palabras en lo que lleva como congresista. Ahora el Consejo de Estado aceptó una demanda en su contra.
Después de los debates que proponían una reducción del salario de los congresistas fue polémica por las comparaciones que hacía con lo que ganaban los futbolistas. En entrevista para Sin Carreta confesó en qué gastaba su salario. Pero más allá de sus gastos personales, en otra entrevista también dijo que de su bolsillo apoyaba campañas regionales para las presentes elecciones, porque para los candidatos de muchos lugares es difícil ayudarse económicamente.
Consejo de Estado acepta demanda contra Isabel Zuleta
Por esta razón, el candidato a la Gobernación de Antioquia Augusto Osorio Gil presentó una demanda formal ante el Consejo de Estado, para que fuera investigada por apoyar candidatos mientras ejerce una labor pública. Esto podría hacerla perder su investidura, es decir, Zuleta está en riesgo de perder su curul en el Senado.
Según la demanda la ley: “prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley”. Según Osorio, en entrevista radial, aseguró que la senadora ha cometido un delito:
“Son inconstitucionales son ilegales y por eso creo que da pie para la pérdida investidura es el gran daño que le ha hecho a este proyecto del cambio y de la transformación y de la renovación”.
La congresista del Pacto Histórico se ha defendido de las críticas por esas declaraciones. Citó la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que afirma que tener como fuente de financiación a personas que tengan cargos públicos, a excepción de los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Estos sí que podrían realizar aportes voluntarios solo a las organizaciones políticas a las que pertenezcan.