Ultimátum: piden al Gobierno entregar plan para combatir mortalidad infantil en La Guajira
La Corte Constitucional le dio un ultimátum al Gobierno para que en un mes entregue plan de acción para superar la crisis por las muertes de menores en La Guajira
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En 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional, o una grave crisis humanitaria, por la vulneración sistemática de los derechos de los menores Wayuú por la alta tasa de mortalidad asociada a la desnutrición, que se ubicaba en un 32.54% por cada mil niños menores de cinco años, cuando la media nacional era del 6,76%.
El gobierno tiene la misión de presentar un Plan de Acción Integrado y Unificado. Pero esto dijo la Corte.
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“Si bien el Plan intenta mostrarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no da luces de haberse realizado con el mismo rigor”
De cinco componentes de este plan que contempla un presupuesto de 1.2 billones de pesos, no cumplen los componentes de derecho a la información (con un presupuesto de $38.292.329.113); derecho a la seguridad alimentaria ($513.289.073.341); derecho al agua ($300.786.113.531); ni derecho a la salud ($59.933.914.092).
ORDENAR a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de acción integrado y unificado a los criterios señalados en la parte motiva de esta providencia. Los ajustes deberán enviarse a esta corporación en un mes”, advierte un auto del magistrado José Fernando Reyes.