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La Defensoría del Pueblo ha insistido para que la Corte Constitucional seleccione una tutela sobre la isla de Barú.
Se trata de una demanda que presentaron afrodescendientes de Barú en Cartagena, en el marco de un pleito por la propiedad de un predio conocido como Los Pantanos, de 46 hectáreas y 6400 metros cuadrados.
En enero de este año, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó una decisión del Tribunal Superior de Cartagena que, en 2008, había determinado que el predio Los Pantanos les pertenecía, por herencia, a familias afrodescendientes de Barú.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se dio por recursos que radicaron el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la empresa Primevalueservice S. A. S., autorizados en su momento por el Gobierno para un megaproyecto turístico llamado Playa Blanca Barú.
El propósito de la Defensoría es que la Corte Constitucional admita la tutela de los raizales contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que el alto tribunal se pronuncie sobre este litigio de ellos contra el Estado para que se defina el alcance de los derechos fundamentales de los afrodescendientes a la igualdad, al debido proceso, pero, sobre todo, su derecho a la propiedad colectiva ancestral.
Ojalá la Corte Constitucional defina.