Frente a las acusaciones que hizo la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, sobre una supuesta «obtención ilegal» de los correos personales de los magistrados de esa jurisdicción por parte del secretario Ejecutivo, Néstor Raúl Correa. Él salió al paso a los señalamientos y negó haber incurrido en alguna actuación irregular.

Correa indicó que contrario a lo manifestado por Linares, él sí ha presentado «diversos informes de gestión a la sociedad civil, a las agencias internacionales de cooperación, a la Contraloría, a la Procuraduríaby al Órgano de Gobierno de la JEP».

Sobre las acusaciones sobre obtención ilegal de correos personales y utilización de los mismos, afirmó que en el mismo comunicado los magistrados de la JEP se contradicen porque no saben cómo «accedí a ellos».

«¿Cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente? Yo sí estoy en condiciones de afirmar que no utilicé ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos» añadió.

Afirmó que respecto a la afirmación sobre que en enero del presente año expresó a la presidenta que si no asumía los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP «daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, me permito señalar que no es cierto, y no puede serlo porque para enero del 2018 ya estaban aceptados por el Ministerio de Hacienda, con participación de Patricia Linares y Danilo Rojas, el número de cargos y la remuneración de la Secretaría Ejecutiva».

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«La pregunta que surge es ¿por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades y apenas lo menciona ahora, casi cuatro meses después?» afirmó.

Agregó que su propósito en este proceso «ha sido defender los canales democráticos, los derechos de las víctimas y un modelo racional de estructuración de la JEP y de la Secretaría Ejecutiva. Mi intención en ese momento, y siempre, fue hacer evidente la necesidad de trabajar en equipo, llamar a la transparencia y al diálogo a través de las instancias formales y democráticas. Yo intervine defendiendo este modelo ante la Corte Constitucional y el Congreso, con documentos institucionales que llevaban mi firma».