La Corte Constitucional negó una tutela a una mujer que alegó violación de sus derechos porque la alcaldía del municipio de Chinácota, Norte de Santander, cerró un bar que funcionaba también como un prostíbulo.

En un principio se creyó que con esa tutela la Corte podría pronunciarse frente al tema de regular el suelo que se destina para la prostitución en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), pero los magistrados determinaron que la acción no tenía que ver con eso.

La accionante reclamaba su derecho al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y a la libertad de empresa violados por el cierre del establecimiento. Sin embargo, la Corte encontró que el lugar fue clausurado porque no cumplía con los requisitos para su funcionamiento, y no por estar relacionado con la prostitución.

El alto tribunal señaló que la Alcaldía reconoció que no está restringido este oficio en el municipio, sino que no está regulado, lo cual no implica su prohibición.