Como el Consejo de Estado falló que la destitución de Piedad Córdoba se había producido con base en pruebas ilegales, es previsible que los autores de la sanción tengan que pagar la reparación de su propio bolsillo, como lo ordena la Ley.

La defensa de Piedad Córdoba dejó constancias en el expediente de que la Corte había declarado ilegales esas pruebas y al haberlas dado por válidas, el procurador Ordóñez asumió las consecuencias de su examen ante la justicia contenciosa.