La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos –OEA-, expidió un comunicado sobre la captura de su excontratista Carlos Hernán Garzón Villamil, señalado de cobrar dinero al excabecilla paramilitar, José Eberto López Montero alias ‘caracho’, a cambio de facilitar su inclusión en la Justicia Especial para la Paz, JEP.

La Misión rechaza todo acto que vaya en contra o pueda distorsionar los avances en los procesos y acuerdos de paz logrados.

La defensa de Villamil intentó frenar la legalización de su captura, escudándose en el fuero que le daba su condición de funcionario de la OEA. Sin embargo el organismo internacional advirtió que su contrato había terminado antes de su judicialización que continúa en trámite

Carlos Garzón Villamil estuvo vinculado a la Misión como profesional nacional hasta el pasado día 30 de junio, momento en que finalizó su relación laboral con la Misión, decisión que le fue notificada días antes de la captura.

Según la Fiscalía, Villamil intentó favorecer a alias ‘caracho’ para reducir una pena de 22 años que enfrenta luego de haber quedado por fuera de la Ley de Justicia y Paz. La OEA advirtió que estos hechos, no guardan relación con sus funciones.

Según conocimiento de la Misión, Carlos Garzón fue vinculado a la investigación por actos cometidos por fuera de las funciones asignadas a su cargo dentro de la MAPP/OEA.

Carlos Garzón también fue contratado por la oficina del alto comisionado para la paz, como asesor de enlace con el Inpec. Hasta el momento ni la OEA ni el gobierno explican por qué fue vinculado a pesar de que en 2010, fue señalado como responsable de la fuga del paramilitar Carlos Andrés Palencia alias Visaje, durante su traslado de Cúcuta a Montería

La OEA garantizó que seguirá atenta al desarrollo de la investigación y continuará colaborando con lo que las autoridades competentes, manteniendo intacto su compromiso de aportar a la construcción de las paz en Colombia.

Las pruebas en contra de Villamil incluyen interceptaciones telefónicas que vinculan a Claudia Patricia Silgado, investigadora del CTI entre otros funcionarios judiciales.