La decisión fue tomada por la Superintendencia Financiera en uso de las facultades especiales que le otorgara el gobierno por cuenta del Estado de Emergencia Social.

Costa Caribe recibió aportes cercanos a 700 mil millones de pesos de personas que compraron acciones de proyectos de turismo de alto rendimiento.

Después de que los clientes protestaron porque la firma no les respondió ni por los proyectos ni por el dinero, la Superintendencia ordenó no sólo la suspensión de la captación de dineros sino también el sellamiento de sus oficinas por parte de la policía.

Con el decreto 4334 del Estado de Emergencia Social, la Superintendencia Financiera podrá expedir providencias y tomar posesión de bienes, haberes y negocios y se prevee que intervendrá otras captadoras de dineros en los próximos días.