Aunque en Colombia se conoce como caso Odebrecht el de los brasileños que repartieron sobornos para conseguir contratos, el caso en Colombia, ni en el exterior se limita a esa empresa. La constructora Camargo Correa ya expuesta en Perú, tuvo negocios en Colombia. esta estuvo involucrada, de la mano de Lula Da Silva, en el ferrocarril de Carare, un proyecto que fracasó en 2009 por corrupción, pero consiguió otros negocios en el país.

Los proyectos de la Constructora brasilera Camargo Correa, envuelta en el escándalo del Lava Jato que tiene contra las cuerdas a políticos de Perú, están en la mira de las autoridades colombianas. En 2007 esta firma que también opera HidroItuango, realizó junto a Odebrecht los estudios para la construcción del Ferrocarril del Carare que permitiría el transporte de Carbón desde Cundinamarca hacia el Magdalena con una inversión de US$2.060 millones.

El proyecto que permitiría 10 millones de toneladas de carbón al año hacia los puertos de exportación, tomó impulso en 2008 con la visita del entonces presidente de Brasil Lula Da Zilva quien financió a Odebrecht y Camargo Correa a cambio de que el gobierno colombiano les garantizara la operación del ferrocarril.

En 2008 el Invías entonces a cargo de Daniel García Arizabaleta hoy señalado de intermediar recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, firmó el convenio de asociación con las dos constructoras que dejaron listos los centros de acopio, trazados y los costos de la obra.

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Meses después, tres grabaciones dieron cuenta de coimas pedidas por funcionarios del Inco para asegurar la licitación por 1,3 billones de pesos para operar el corredor férreo entre Cesar y Huila. El hecho tumbó al entonces director del Inco Álvaro Jose Soto, reemplazado por Gabriel García hoy preso por el caso Odebrecht.

Camargo Correa y la empresa brasilera Votorantim, que ha buscado la inversión en el ferrocarril de Carare, están vinculadas a la Operación Zelotes que deja pequeña la trama de Petrobras, pues develó cómo una red de compañías sobornaron a funcionarios para no pagar impuestos en Brasil generando un hueco fiscal de más de US 6 mil millones.