Después de las truncadas intenciones por dar inicio a la fase pública de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, se espera que el próximo 2 de febrero este grupo subversivo cumpla con su compromiso de liberar al excongresista Odín Sánchez, condición que el Gobierno ha impuesto desde el planteamiento de la agenda.

Ayer, 18 de enero desde Quito, Ecuador, ambas delegaciones informaron que una semana después a la prometida liberación, con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, los diálogos iniciarían con la comitiva de los países garantes: Venezuela, Noruega, Cuba, Chile y Brasil.

Un día después del anuncio, Israel Ramírez Pineda, alias «Pablo Beltrán», confesó en un medio de comunicación nacional que por la libertad del excongresista se le exigió a la familia un pago de 3.000 millones de pesos. «En este tipo de retenciones siempre se hace una exigencia económica, la familia pagó efectivamente una parte», dijo el jefe guerrillero.

Ante la revelación el jefe negociador de la delegación colombiana, Juan Camilo Restrepo, rechazó la acción y dijo que «son (actos) doblemente reprochables, primero por ser un secuestro y después por ser extorsivo».

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