Los asesores jurídicos del gobierno, tanto como los de las Farc, están de acuerdo en que un proceso de paz debe conducir, necesariamente, a participación en política de los exguerrilleros y a amnistiar las conductas ilícitas cometidas en desarrollo del conflicto.

El jurista Juan Carlos Henao advierte que aunque no todos los delitos pueden ser objeto de amnistía, la esencia de los acuerdos es la dejación de las armas a cambio de la inclusión en la política.