El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el que se transformó esa antigua guerrilla denunció en las últimas horas la detención «ilegal» de un excombatiente que había sido liberado tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno y en virtud de la ley de amnistía.

El detenido, identificado como Edwin Jaison Murillo Pachón y conocido en su época de guerrillero como «Alirio Arango», forma parte del equipo de trabajo del representante a la Cámara, Carlos Alberto Carreño, también conocido como «Sergio Marín», según denunció el propio parlamentario a través de su cuenta en Twitter.

Carreño detalló que Murillo Pachón se encontraba en la Fiscalía General de la Nación para poner una denuncia de amenazas contra integrantes del partido FARC. Durante su visita al ente investigativo, Murillo Pachón fue detenido de forma «ilegal», siempre, de acuerdo a la versión de Carreño.

El exguerrillero estaba preso y fue liberado junto a otros muchos miembros de las Farc tras la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla, del que hace parte una ley de amnistía que incluye el perdón jurídico para los exguerrilleros encarcelados y que no hubieran cometido delitos graves.

Carreño exigió su liberación «inmediata» y «la actualización de las bases de datos de la Fiscalía donde aún se encuentran activas las órdenes de captura vigentes contra los firmantes de la paz».

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La Corte Constitucional dio en marzo de 2018 luz verde a la ley de amnistía, que da seguridad jurídica a los excombatientes.

Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2016 y perdona a todos los exmiembros de las Farc, excepto a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

Al mismo tiempo contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que cometieron crímenes dentro del conflicto armado, excepto los crímenes que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

La ley benefició aproximadamente unos 6.000 miembros de las entonces Farc, procesados por delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.

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