La Corte Constitucional advirtió que persisten en el país obstáculos que impiden a las mujeres víctimas de violencia sexual denunciar ante las autoridades estos hechos, así como debilidades en el proceso de atención por parte del Estado.

El pronunciamiento del alto tribunal fue hecho al conceder una tutela a una mujer que solicitó a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ser incluida en su registro, requerimiento que fue negado por haberse presentado por fuera del tiempo establecido para hacerlo.

Para la Corte, dicha entidad no puede desconocer la situación de las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado, así existiera un plazo de cuatro años para declarar su situación ante las autoridades.

«Esta Sala llama la atención de la UARIV para que no vuelva a incurrir en revictimización de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y con debida diligencia les otorgue y reconozca las garantías, protecciones y amparos a los que tienen derecho», explicó la sentencia.

La Corporación explicó que, además de los problemas que afrontan las mujeres al momento de denunciar, también deben enfrentar obstáculos en la atención que brinda el Estado a las víctimas, tales como deficiencias de los sistemas y la falta de capacitación de los funcionarios públicos en enfoque de género.

«El Estado y la sociedad tienen el deber constitucional de devolver la dignidad a aquellas mujeres sobrevivientes de crímenes atroces como la violencia sexual, mediante su atención inmediata, tanto a nivel físico, psicológico y emocional, para lo cual es indispensable que se les otorguen las herramientas, servicios y beneficios legales de manera digna y respetuosa, e impedir así su revictimización y apoyar la superación de la situación que desafortunadamente vivieron», puntualizó el fallo.

Por último, la Corte le hizo un llamado a todos los jueces del país para que protejan los derechos de las víctimas de violencia sexual en general y se abstengan de emitir fallos que revictimicen a las mujeres, sin analizar la protección que la Constitución les confiere.