Con motivo de un contrato de Odebrecht con el Distrito Capital, tres exgerentes de la empresa de Acueducto serán imputados por detrimento fiscal, pues el túnel que se contrató en 2009, aún no entra en operación y no tiene fecha posible aún.

La Contraloría de Bogotá prepara imputación de cargos fiscales por 259 mil millones de pesos en contra de 11 exdirectivos del Acueducto de Bogotá.

La medida cobijará a tres exgerentes de la empresa entre los que se cuentan Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Ulloa de la administración de Samuel Moreno y Diego Bravo de la administración Petro.

Los hechos tienen que ver con el que la Contraloría Distrital considera el elefante blanco más grande de la capital, la construcción del interceptor Tunjuelo Canoas, túnel que hace parte de la infraestructura para el saneamiento del Río Bogotá.

El contrato fue suscrito en 2009 durante la administración de Samuel Moreno, y el consorcio ganador estaba integrado por Odebrecht y CAS constructores de la familia Solarte.

Aunque la obra debía terminarse a mediados de 2012, hoy, cinco años después no está lista, con el consecuente retraso al proyecto de descontaminación.

Un laudo arbitral de la Cámara de Comercio determinó responsabilidad del acueducto al no cumplir con la entrega de predios para terminar la obra, desde ese entonces, dos máquinas tuneladoras permanecen en el lugar enterradas.

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Aunque en el Contrato  Odebrecht y su socio eran quienes debían correr con los gastos de la extracción de las maquinas, un fallo del Consejo de Estado de 2014 con ponencia del ex magistrado Marco Antonio Velilla terminó endilgándole la responsabilidad al Acueducto.

Según los cálculos de la Contraloría, la extracción de las tuneladoras, le costará a la ciudad 7.500 millones de pesos adicionales.

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