Por error en contrato del Distrito, 284 vendedores ambulantes serán desalojados
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284 vendedores ambulantes que abarrotaban la Carrera Décima en el centro de Bogotá hace 25 años aceptaron un plan propuesto por la alcaldía, para trasladar sus negocios al Centro Comercial Caravana, que la alcaldía había construido, para vendérselos en cuotas asequibles para sus presupuestos.
“Era un beneficio que nos daban a los vendedores ambulantes, por eso estamos acá”, aseguró Guillermina Tovar.
A los vendedores trasladados el Fondo de Ventas Populares los invitó a firmar promesas de compraventa sobre los locales que comenzarían a ocupar.
“Aquí quebraron más de 250 compañeros que tuvieron que salir a la calle”, cuanta José Ramírez, administrador del lugar.
El Distrito Capital, desde 1998, pidió a la justicia contenciosa que declarara nulas las promesas de compraventa firmadas por los vendedores ambulantes, porque ellas se habría omitido uno de los requisitos mínimos en este tipo de negocios.
“Los contratos decían cuánto costaba el local, en qué fecha debía ser escriturado, debía decir en el año 1995 por tardar el día tal, notaría tal y a tal hora. Como no lo hicieron, ellos fueron los que fallaron”, explica José Ramírez.
Por eso el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, luego de 14 años de manipulación del expediente, concluyó que el Distrito no podría pedir la nulidad de las promesas de compraventa argumentando su propia falta, porque las minutas de los contratos habían sido elaboradas por la misma alcaldía.
Patricia Lozano, subdirectora IPES, asegura que: “Celebraron unas promesas que fueron mal hechas en su momento. ¿Mal hechas por quién? La administración, que era el Fondo de Ventas Populares, porque no cumplió con los requisitos de una promesa de compraventa”.
Durante el litigio, los asuntos del Fondo de Venta Populares terminaron absorbidos por el Instituto para la Economía Social, IPES, que reclama como dueño el edificio.
Aunque el Tribunal reprendió a la alcaldía por tratar de sacar ventaja de sus propios errores en contra de los comerciantes, terminó dictaminando que ya se había vencido el plazo de las promesas de compra venta y que ellos deben devolver los locales.
“Y ahora para dónde me voy a ir con 70 años, ¿a ver? De ahí es de dónde depende mi comida y todo”.
“Todas mis compañeras y compañeros siempre hemos estado aquí unidos y de aquí sacamos para el sustento”.
“Para el IPES, nosotros somos parte de la pobreza y la miseria de esta ciudad, pero para los grandes ricos, que quieren comprar el terreno y construir un edificio, para ellos esto es una mina de oro”.
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