La Corte Suprema de Justicia le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, una terna para nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de investigar el caso Odebrecht.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena al estudiar la ponencia presentada por el magistrado de la Sala Laboral, Gerardo Botero, quien señaló que por transparencia era mejor que el proceso lo asumiera un fiscal independiente.

Los magistrados acogieron la tesis y decidieron declarar fundado el impedimento presentado por la vicefiscal general, María Paulina Riveros, recusada por el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos.

Aunque la misma vicefiscal rechazó la recusación, le planteó a la Corte que para garantizar independencia y transparencia estaba de acuerdo con la posibilidad de nombrar fiscal ad hoc.

A esto se sumó la voz del propio fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien en una visita a la Corte le manifestó estar de acuerdo con elegir un fiscal independiente encargado exclusivamente del proceso Odebrecht.

Todos esto sumado a las declaraciones del fallecido auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, las cuales aparentemente demostrarían que el fiscal Martínez tenía conocimiento de las irregularidades cometidas por la empresa brasileña para obtener contratos de obras en Colombia, llevaron a la Corte a admitir que es necesario el nombramiento de un fiscal ad hoc.