En Apartadó, el presidente Iván Duque, en compañía del procurador general y la vicefiscal general, escucharon a más de 300 líderes en el desarrollo de la segunda mesa por la protección a la vida, que busca mecanismos de protección para los representantes de las diferentes comunidades. 30 investigaciones disciplinarias abrirá la Procuraduría a funcionarios públicos, así lo anunció el procurador general, Fernando Carrillo.

“Seguimos avanzando con pulso muy firme con 30 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos que violan derechos humanos, que han estigmatizado a los líderes sociales y que han puesto en riesgo la vida de líderes sociales”.

También sostuvo que “hoy estamos expidiendo una circular obligando al alcalde y gobernadores a que se comprometan con la protección y la integridad física de los líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

La vicefiscal general, María Paulina Riveros, indicó que la entidad ha logrado altos niveles para el esclarecimiento de los homicidios a líderes sociales. Los más graves están en el Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano por la reclamación de tierras.

 “Hemos advertido que se trata de un tema evidente de reclamación de tierras y que confluyen en este caso varios factores y varios sujetos, por ejemplo, grupos armados organizados como el Clan del Golfo, por ejemplo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus legítimos propietarios y por supuesto, otra serie de grupos armados que han entrado en un conflicto por la tenencia y posesión de la tierra”.

Iván Duque, mandatario de los colombianos, señaló que se suscribió un acuerdo para trabajar por la vida y la integridad de los líderes sociales del país. “Donde vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales en nuestro país, que el sistema de alerta temprana funcione de manera rápida y que tenga una reacción oportuna por parte de las autoridades”.

También se refirió a la condena del Consejo de Estado por el atentado de las Farc al club El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 y que dejó 36 personas muertas y más de 200 heridas.

Publicidad

“Yo soy respetuoso de las decisiones de la justicia, no voy a controvertir una decisión del Consejo de Estado pero sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana. Por otro lado, que se condene al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura que lo cometió en ese momento el grupo terrorista de las Farc, en el año 2003″.

Añadió, «me parece que es incongruente, yo creo que los colombianos lo que necesitamos es que el Estado no sea el que termine pagando con los impuestos los hechos terroristas de otras personas que tanto le dolieron al pueblo colombiano».

El presidente Duque, su gabinete, la cúpula militar y 11 alcaldes de la zona de Urabá se reunieron para abordar temas de seguridad y proyectos de inversión para la región que requieren inversiones del Gobierno nacional.