A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional el procurador general, Fernando Carrillo solicitó aprobar la Ley Estatutaria de la Administración de la Jurisdicción Especial de Paz, pero con condicionamientos en varios de sus artículos.

En el documento conocido por CM&, Carrillo afirmó que la ley se ajusta a la Constitución ya que “contiene los institutos que permitirán poner en funcionamiento esta jurisdicción y resolver la situación jurídica de quienes intervinieron” en el conflicto armado.

Indicó que la JEP, como instrumento de justicia transicional, marcado por la excepcionalidad y la temporalidad, tiene como propósito el cierre del conflicto armado interno.

SANCIONES

Frente a los artículos que están relacionados con el régimen de sanciones, y que hace referencia a restricciones efectivas al derecho de locomoción y residencia hasta por 8 años -sanciones propias-, y penas de 5 a 20 años de cárcel para ciertas penas -sanciones alternativas y ordinarias-.

El jefe del ministerio público afirmó que “ese modelo de justicia transicional no vulnera la Constitución y, por el contrario, es un desarrollo que tiene como finalidad la garantía de los derechos de las víctimas, la sanción de los responsables, y la promoción del derecho a la paz”.

Agrega que “las sanciones cumplirán funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, que se ajustan a la Constitución Política, en la medida que explican la función que tiene el derecho penal en el mantenimiento del orden social”.

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VÍCTIMAS

Frente a los artículos relacionados con los derechos de las víctimas, la reparación, su participación en los procesos que adelante la JEP, y demás, el procurador general, afirmó que “los escenarios de reconocimiento de verdad deben estar dispuestos para que las víctimas puedan intervenir, primando la oralidad sobre la escritura” para que “constituya una justicia dotada de modelos flexibles y de fácil comprensión para los intervinientes, con el fin de que los reconocimientos de verdad o los procesos por no reconocimiento de verdad no se conviertan en escenarios de revictimización”.

Agregó que “los derechos de las víctimas son el objeto central del sistema y que se les debe reparar en la mayor medida posible dentro de un esquema de justicia restaurativa”.

Igualmente resalta la importancia de aprobar el artículo que buscar garantizar medidas a favor de mujeres, indígenas, comunidades afrodescendientes, las comunidades religiosas, desplazados,

campesinos y la comunidad LGTBI, “que sufrieron un daño particularmente grave por su condición de vulnerabilidad”.

Afirma además que resulta constitucional que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación.

EXTRADICIÓN

Frente a los artículos relacionados con la prohibición de extradición, el jefe del ministerio público afirma que esta debe declararse exequible.

MÁXIMOS RESPONSABLES

Ahora bien, el ministerio público destaca la importancia de definir el criterio de “máximo responsable” en función de la participación activa o determinante, y no solo de la posición jerárquica que la persona ocupa dentro de la organización.

NO SE DEBE RENUNCIAR A INVESTIGACIONES

En el concepto, el procurador general, afirma que la JEP no debe renunciar a la investigación, juzgamiento y sanción de ninguno de los hechos que constituyen los crímenes relacionados con los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción menores, desplazamiento forzado, del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en Estatuto Roma.

INCUMPLIENTO DE SOMETIDOS A LA JEP

El jefe del ministerio afirmó que en cuanto al posible incumplimiento que se llegue a presentar frente a los requisitos del régimen de condicionalidades, ello no debe implicar de manera directa que se revierta un caso a la jurisdicción ordinaria, “por lo que se deberá estudiar caso a caso la pérdida gradual de beneficios con el fin de garantizar el mayor grado de satisfacción de los derechos de las víctimas”.

“El incumplimiento de alguna de las condiciones de permanencia de la JEP, implica una pérdida gradual de los beneficios o tratamientos penales especiales, valoración que deberá ser hecha por los magistrados caso a caso, utilizando criterios de sana crítica” señala el documento.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Frente a la participación en política, el procurador general, indicó que será la JEP, si lo estima pertinente, atendiendo a la gravedad del delito y a las circunstancias procesales, “la que podrá adoptar las medidas que hagan compatible las particularidades de esta sanción, con las actividades económicas, sociales y políticas propias del proceso de reincorporación a la vida civil”.

Agrega que “para la posesión del cargo, la JEP verificará previamente de manera expresa y caso a caso, la voluntad de cumplir con los compromisos del Sistema, en términos de verdad, reparación y garantías de no repetición”.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JEP

Frente a este articulo, el procurador afirmó que se debe declarar exequible dado a que “la prórroga solo podrá hacerse por una vez, por el término de cinco años y, en todo caso, la vigencia de la JEP no podrá ser superior por a veinte (20) años, de conformidad con la sentencia C-674 de 2017”.

AMNISTÍA Y TRATAMIENTO DIFERENCIADO A AGENTES DEL ESTADO

Frente a este bloque de artículos, el procurador afirma que la Corte debe estarse a lo resuelto, con base en la decisión que tomó frente a la ley 1820 de 2016 o ley de amnistía e indulto. No obstante, solicitó tumbar el artículo 59, al considerar que este “viola la competencia prevalente de la JEP para conocer y decidir sobre los casos y situaciones relacionados con el conflicto armado, además que contraría el principio constitucional del juez natural. Por esta razón, como la JEP ya se encuentra en pleno funcionamiento, es quien debe conocer sobre las solicitudes de libertad”.

EXTINCIÓN PENAL

Fernando Carrillo, afirmó que en lo relacionado al parágrafo 1° del artículo 62, mediante el cual se atribuye competencia a la JEP para efectos de la extinción de la responsabilidad y sanción penal, a los siguientes delitos, cometidos hasta el 1° de diciembre de 2016, en contextos de disturbios públicos o en ejercicio de la protesta social: empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; perturbación de actos oficiales; violación de los derechos de reunión y asociación; violencia contra servidor público; obstrucción de vías públicas que afecten el orden público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; asonada; y lesiones personales, en los términos del proyecto de ley y de la ley 1820 de 2016, debe ser condicionado en el entendido de que la JEP “no tiene competencia para extinguir la responsabilidad y la sanción penal de los delitos relacionados (…) cuando la sentencia haya sido proferida por la Corte Suprema de Justicia”.

IRRESPONSABILIDAD PENAL MENORES DE EDAD

Para el procurador, los artículos que establecen que los niños y niñas que hayan salido de los campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salieran hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serían beneficiarios de medidas de especial atención y protección; son importantes “para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación”.

“Resulta irrazonable, a la luz del interés superior del menor de edad, que pese a la aberrante violación de la reglas de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que implica involucrar a niños en un conflicto armado y obligarles a participar en la comisión de conductas punibles, se pretenda que esos niños y niñas sean sujetos de sanciones penales, en lugar de, en su condición también de víctimas brindarles oportunidades para reconstruir su proyecto de vida;”indica.

REGLAMENTO JEP

Frente al artículo que faculta a los Magistrados de la JEP para expedir su propio reglamento de organización y funcionamiento, el procurador pide que se declare exequible al indicar que ello “supone una aplicación concreta de la autonomía de que goza la JEP, razón por la cual los Magistrados están facultados, por ejemplo, para determinar la organización interna del trabajo; la forma en que se realizaran las sesiones; las funciones de los presidentes de las Salas y del Tribunal de Paz; y la organización administrativa interna y, en general, todo lo atinente a su correcto funcionamiento, y siempre observando los principios de la función pública y las garantías del debido proceso”.

REQUISITOS PARA SER MAGISTRADOS DE LA JEP

Se trata del artículo 100, que fue desde el principio objeto de polémica dado a los requisitos que se incluyeron para restringir el acceso a funcionarios de la JEP.

En este punto dice el jefe del ministerio público que si bien, se deben fijar una serie de condiciones, ellas no pueden ir en contra vía de la constitución.

Afirmó que en este caso “es evidente que se establecieron requisitos adicionales con posterioridad a la selección de los Magistrados que se presentaron a la convocatoria” lo cual resulta “particularmente grave”.

Por ello solicitó anular parte de ese artículo, concretamente en lo que se refiere al parágrafo que establece que no podrán tomar posesión en cargos de la Jurisdicción Especial para la Paz quienes:

  1. Quienes dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de posesión, hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.
  2. Quienes dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de posesión, al título personal o por interpuesta persona, haya gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.
  3. Quienes dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de posesión hayan tramitado acciones ante Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos o litigado contra el Estado Colombiano ante dichas instancias.